Guatemala: Derechos o Privilegios?

 

Este estudio de 2009 está motivado por la convicción de que el triste progreso de Guatemala en afrontar estos alarmantes niveles de privación y desigualdad no puede ser atribuido simplemente a los retos de la reconstrucción tras el conflicto, el atraso económico o las consecuencias imprevistas de  las bienintencionadas políticas de desarrollo. Se trata fundamentalmente de una cuestión de injusticia.

Para evaluar los esfuerzos del Estado guatemalteco en cumplir con sus obligaciones en derechos humanos, “Derechos o Privilegios?” toma como punto de partida una serie de indicadores de desarrollo humano y otros datos estadísticos que trazan una panorámica del estado actual de la alimentación, la salud y la educación en Guatemala. Trata, en particular, tres indicadores de relevancia: la tasa de desnutrición crónica, la razón de mortalidad materna y la tasa de no finalización de la educación primaria. Estos indicadores son analizados a la luz de tres principios fundamentales de derechos económicos y sociales: la universalidad de niveles esenciales mínimos y no retroceso, la igualdad y no discriminación, y el deber de realización progresiva de los derechos económicos y sociales de acuerdo al máximo de los recursos disponibles.

Reconocidos internacionalmente como los principales frentes de lucha contra la pobreza, estos indicadores son identificados como las prioridades fundamentales de la acción del gobierno bajo estándares internacionales de derechos humanos. Son también estas áreas las que presentan el déficit y las desigualdades más alarmantes respecto de la alimentación, la salud y la educación en Guatemala. Suponen la amenaza más grave a la seguridad, integridad física y oportunidades en la vida de los niños y jóvenes de Guatemala, que conforman la mayor parte de la población.

Un indicador clave del esfuerzo político es el nivel de gasto en las distintas áreas en estudio y si acaso ese gasto se distribuye equitativamente conforme a las necesidades y las prioridades. Pese a tener uno de los peores indicadores de salud y educación, el gasto en estas áreas está entre las más bajas de América Latina. El gasto social es inferior al promedio regional y es más bajo que el de algunos países vecinos más pobres de América Central.

Una cuestión de derechos

Estableciendo el vínculo entre los pésimos resultados de desarrollo humano y las deficiencias de las políticas públicas y fiscales en la última década, el estudio plantea que la privación generalizada y las flagrantes desigualdades en acceso a la alimentación, la salud y la educación, son en gran medida evitables, y evidencian una falta de voluntad política de satisfacer estos derechos para todos los sectores de la población.

Se han realizado múltiples diagnósticos sobre el estado de la alimentación, educación y salud en el país. Este informe conjunto de ICEFI y CESR ha sido preparado desde una perspectiva de derechos humanos y trata de complementar el trabajo realizado por organizaciones internacionales de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y los ministerios gubernamentales pertinentes, poniendo el énfasis en el establecimiento de la rendición de cuentas.

El marco normativo de derechos humanos proporciona un conjunto de principios a partir de los cuales se puede pedir cuentas al gobierno de su desempeño en los campos de alimentación, la salud y la educación. Estos no son estándares impuestos externamente, sino un conjunto de normas desarrolladas por la comunidad internacional que el Estado de Guatemala ayudó a diseñar y que se comprometió a respetar, y que han sido corroborados en los compromisos legales y políticos que Guatemala ha adoptado a nivel nacional. Si este marco de estándares nacional e internacional de derechos humanos parece haber tenido poco efecto en determinadas políticas públicas durante la última década, es en parte debido a que los derechos humanos (y los derechos económicos, sociales y culturales, en particular) siguen siendo considerados como meras declaraciones de intenciones.

La perspectiva adoptada en este proyecto busca operacionalizar el marco de derechos humanos como un instrumento para monitorear y moldear políticas públicas. Se utilizan herramientas cuantitativas y cualitativas de análisis socioeconómico para evaluar el cumplimiento con los derechos humanos. Algunas de las preguntas realizadas son: está el estado realizando todo lo posible para usar el máximo de los recursos disponibles para avanzar hacia la completa realización de los derechos económicos y sociales en Guatemala? Está respondiendo a sus obligaciones esenciales de manera prioritaria? Ha identificado y establecido medidas para disminuir las desigualdades e inequidades haciendo eco de una realidad sistemática de discriminación y desventaja?

Estas preguntas son de crucial relevancia en esta coyuntura histórica. El gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) del Presidente Álvaro Colom, que asumió el poder en enero de 2008, sigue considerando la disminución de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de todos los guatemaltecos como su objetivo estratégico primordial. La salud y la educación han sido consideradas como prioridades clave de la política de desarrollo social del gobierno y se han realizado compromisos específicos en, entre otros, luchar contra la desnutrición y mejorar el acceso a la educación de aquellos que viven en la pobreza.

Si bien el trabajo realizado por CESR e ICEFI reconoce estos compromisos, instan a la nueva administración a guiarse en todo momento por los principios fundamentales de los derechos humanos a la hora de diseñar políticas públicas en temas relacionados con la alimentación, la salud y la educación, incluyendo estrategias de reducción de la pobreza y políticas fiscales. Este Informe presenta una serie de recomendaciones que podrían guiar el quehacer del actual gobierno. Ellas se fundan en demandas y propuestas hechas por la sociedad civil guatemalteca y consagradas en los Acuerdos de Paz, así como también en estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

El lanzamiento de este informe se lleva a cabo al mismo tiempo que el presupuesto para el año 2010 está siendo discutido en el Congreso de Guatemala. Los temas que este informe destaca continúan siendo prioridades para el gobierno y preocupaciones fundamentales para la población. Es parte de una estrategia coordinada de  advocacy con otras organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, incluyendo especialistas en salud y educación, así como representantes de movimientos sociales, organizaciones internacionales e instituciones gubernamentales de Guatemala. Estos esfuerzos ponen atención en las consecuencias de mantener una visión "minimalista" del estado, que ha caracterizado a sucesivas administraciones, y resalta la necesidad de adoptar una visión de realización de derechos, que inspiró los Acuerdos de Paz.  CESR e ICEFI estiman que el gobierno del Presidente Álvaro Colom tiene una oportunidad histórica de llevar adelante esta visión, pero para ello requerirá de un cambio de rumbo decisivo si es que Guatemala quiere evitar hundirse progresivamente en un paupérrimo futuro.

 

Fotos en esta página por David Bacon