En octubre de 2015, las organizaciones signatarias junto a otras de la región promovieron la primera audiencia temática sobre el impacto de la política fiscal –entendida como recaudación y gasto del dinero público - en la protección y el goce de los derechos humanos, en particular sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Desde el 2015, América Latina ha vuelto a experimentar un aumento de la pobreza, y los progresos en la reducción de la desigualdad se han frenado. En 2017, el número de personas pobres en la región ascendió por segundo año consecutivo, alcanzando los 187 millones de personas, es decir, el 30,7% de la población, y la desigualdad económica a nivel regional sigue siendo la más alta en el mundo. Es claro que la mayoría de países latinoamericanos no han aprovechado el enorme potencial transformador de la política fiscal para combatir la pobreza, la desigualdad y las violaciones estructurales de derecho humanos. Todo ello pese al creciente reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de los organismos del sistema universal de derechos humanos y de instancias judiciales domésticas, de que las normas de derechos humanos son plenamente aplicables al control de las políticas económicas, incluidas las políticas fiscales.Política Fiscal y Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América Latina
En octubre de 2015, las organizaciones signatarias junto a otras de la región promovieron la primera audiencia temática sobre el impacto de la política fiscal –entendida como recaudación y gasto del dinero público - en la protección y el goce de los derechos humanos, en particular sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Desde el 2015, América Latina ha vuelto a experimentar un aumento de la pobreza, y los progresos en la reducción de la desigualdad se han frenado. En 2017, el número de personas pobres en la región ascendió por segundo año consecutivo, alcanzando los 187 millones de personas, es decir, el 30,7% de la población, y la desigualdad económica a nivel regional sigue siendo la más alta en el mundo. Es claro que la mayoría de países latinoamericanos no han aprovechado el enorme potencial transformador de la política fiscal para combatir la pobreza, la desigualdad y las violaciones estructurales de derecho humanos. Todo ello pese al creciente reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de los organismos del sistema universal de derechos humanos y de instancias judiciales domésticas, de que las normas de derechos humanos son plenamente aplicables al control de las políticas económicas, incluidas las políticas fiscales.